Hoy en día, la eficiencia energética en España está considerada como una de las mejores alternativas para reforzar la seguridad de abastecimiento energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes a nivel mundial para poder alcanzar un crecimiento sostenible.
Las importaciones de petróleo, gas y carbón suponen para la economía europea un gasto de 406.000 millones de euros al año, una cifra que equivale al 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE. Además, se prevé que para 2035 la dependencia energética de Europa sea del 80%.
A la vista de estos datos, la UE decidió fijar como objetivo para 2020 la reducción del 20% de su consumo energético (un 30% para 2030, según los últimos datos de la Comisión Europea). Esta es una meta que no lleva camino de alcanzarse, debido a la ausencia de esfuerzos adicionales por parte de los diferentes países miembros, que no están aprovechando el elevado potencial de ahorro energético existente en edificios, transporte y procesos productivos.
Para tratar de encauzar esta situación, en octubre de 2012, el Parlamento Europeo decidió aprobar la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, que incluye una serie de acciones para la consecución de este objetivo.
El pasado 5 de junio finalizó el plazo para que todos los Estados miembros de la UE hubieran llevado a cabo una transposición completa de esta Directiva, y España no era una excepción. Sin embargo este hecho no se ha producido y, en el caso concreto de nuestro país, a día de hoy tan sólo se ha llevado a cabo la transposición parcial de alguno de esos artículos.
El incumplimiento de esta Directiva ha hecho que la Comisión Europea haya advertido a España de una nueva demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia, que ya ha condenado a nuestro país por no haber hecho la transposición completa de la Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética en España de edificios después de 11 años. Lo que sí se ha presentado ha sido el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 que, actualmente, se está estudiando desde Bruselas y que establece medidas para que España cumpla el objetivo del 20% de reducción del consumo de energía en 2020.
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