Según fuentes, el 85% de los inmuebles que deberían tener un certificado energético en vigencia, incumple con la normativa europea que establece la obligatoriedad de esta certificación un año después de su aprobación, y tan solo el 15% restante cumple con el reglamento. Todo indica que esta normativa se ha convertido en un mero mecanismo recaudatorio.
Parece ser que la poca información, la falta de concienciación y la escasez de ayudas administrativas para la implantación de la normativa, desembocan en un fracaso de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Existe la creencia general de que propietarios e inquilinos lo entienden como un gasto más, ya que no se le ha dado el sentido que tiene a nivel europeo como información y mejora del consumo energético de las viviendas y, a pesar de que la ley establecía medidas sancionadoras, éstas nunca se han producido.
En este sentido y en lo que va de año, sólo la Comunidad de Madrid ha interpuesto una sanción económica a un profesional que falseó los datos de la expedición de un certificado de eficiencia energética.
Por otro lado, tener un certificado A o G no influye en la toma de decisión de los inquilinos pues sigue primando la cercanía al trabajo o las comodidades del piso muy por encima de la eficiencia energética. Además, parece que las trabas burocráticas y la no homogenización por parte de las comunidades es uno de los mayores inconvenientes y si existiese una normativa común, no habría tanta confusión entre los afectados.
Por último, se debe animar a la Administración a regular y vigilar la problemática que arrendadores y arrendatarios encuentran con las compañías de suministros energéticos.
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