Anualmente para Europa, las importaciones de carbón, gas y petróleo suponen un 3,2% del PIB (Producto Interior Bruto) de toda la UE; esta cifra representa 406.000 millones de euros cada año. Y se espera que siga subiendo en los próximos años.
Para evitar esta subida, Europa decidió fijar unos objetivos de reducción del 20% del consumo energético para el año 2020, una meta que no va a ser alcanzada por algunos de los países miembros debido a la ausencia de esfuerzos adicionales y la falta de aprovechamiento del elevado potencial del ahorro energético.
Es por ello que el Parlamento Europe aprobó en 2012 la Directiva 2012/27/UE para la eficiencia energética y en la que se marcan una serie de acciones para conseguir el objetivo marcado.
Esta directiva, es considerada por los expertos como un instrumento importante para la reactivación económica y su aplicación plena permitiría un ahorro de 38.000 millones de euros en hogares y empresas y otro de 6000 millones de euros en inversiones sobre la red.
Una vez finalizado el plazo para la transposición completa de la directiva por parte de los diferentes miembros de la UE, España sólo ha realizado una transposición parcial de alguno de sus artículos; aprobándose el 4 de Julio el Real Decreto Ley 8/2014 con medidas para el crecimiento, competitividad y eficiencia, en el que se incluye la obligación de crear un Fondo Nacional de Eficiencia y un sistema de obligaciones para el ahorro energético.
El incumplimiento de esta Directiva ha provocado una nueva demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia por parte de la Comisión Europea, que se suma a la condena ya existente a nuestro país por la no transposición de la Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de edificios tras 11 años de existir esta.
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