Con el propósito de promover inmuebles con más eficacia y ahorrar energía, Europa creó una directiva en el año 2002 para hacer obligatoria la certificación.
La obligatoriedad de contar con un certificado energético de los nuevos edificios ha llegado a España luego de la publicación de tres decretos entre 2006 y 2007.
La normativa hasta ahora sólo afectaba a aquellos edificios de nueva construcción y a grandes reformas. Con la publicación del Real Decreto 235/2013 se extiende la obligatoriedad de la certificación a los edificios existentes o pisos y locales que se vendan o alquilen.
Asimismo, también deberán disponer del certificado aquellos edificios u oficinas ocupados por una autoridad pública con una utilidad total superior a 250 metros cuadrados que sean frecuentados por el público.
Según la ley de rehabilitación, que contempla sanciones para las infracciones sobre el sistema de certificación energética en edificios, entró en vigor, tras su publicación en el BOE.
La norma busca impulsar un nuevo modelo de construcción en España y fija que los incumplimientos de las nuevas obligaciones en certificación energética, como por ejemplo alquilar o vender un piso sin el certificado válido, conllevará sanciones que van desde los 300 a los 6.000 euros.
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