La nueva normativa, vigente desde hace 3 meses sigue suponiendo, para las empresas que ofrecen servicios inmobiliarios, una carga extra de trabajo para adecuar su oferta a las nuevas exigencias legales, a las que continúan adaptándose.
Entre las tareas principales a las que deben hacer frente las inmobiliarias se encuentran, por una parte, informar a los propietarios de la obligación de cumplir con este requisito, lo que supone un coste que oscila entre los 100 y 300 euros aproximadamente, en función del inmueble. O, por otra parte, una vez realizada, están obligados por ley, a que la certificación aparezca reflejada en cualquier anuncio de venta o alquiler de edificios, viviendas o locales que realicen.
Desde el 1 de junio que entró en vigor la normativa, ya son más de 100.000 los inmuebles que han obtenido la etiqueta de eficiencia energética en España. Las comunidades con mayor número de certificaciones han sido Cataluña y Madrid, con casi 50.000 inmuebles registrados y más de 34.500, respectivamente.
También se han registrado 4.000 certificados en las Islas Baleares, 4.500 en Asturias, 2.500 en Navarra y 1.500 en Galicia o Castilla la Mancha.El certificado permite determinar la calidad de la vivienda desde un punto de vista de ahorro energético, desde la A (favorable) a G (desfavorable).
Aparte de la calificación energética del edificio, debe incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y, en el caso de edificios existentes, recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste.
Los inmuebles que no cumplan con la normativa vigente tendrán que hacer frente a sanciones que pueden oscilar entre los 300 y 600 euros por las infracciones leves; entre los 601 a 1.000 euros por las graves; y, entre los 1.001 a 6.000 euros las muy graves.
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