El pasado 1 de junio se cumplió un año de la entrada en vigor de la normativa que obliga a que todos los inmuebles anunciados en venta o alquiler dispongan de su certificado energético. El precio de este trámite, obligatorio para todos los propietarios que quieran vender o alquilar su vivienda, ha sufrido una intensa bajada durante su primer año de vida.
La caída ha sido generalizada en todas las comunidades autónomas excepto en La Rioja, donde el precio se ha incrementado. En ocho comunidades, el coste de un certificado energético es, hoy en día, un 40% más barato que hace un año. La bajada media de precios se sitúa en el 34%, habiéndose registrado un recorte del precio del 50% en Valencia y del 48% en el País Vasco, y apenas un 11% en Castilla y León o un 13,5% en Murcia.
La normativa que regula la certificación energética no establece tarifas para el servicio del certificado, de tal manera que cuando entró en vigor, los técnicos tomaron como referencia el precio del certificado en otros países europeos que, en junio del año pasado se movía alrededor de los 120 euros. Hay que recordar que el coste de la certificación incluye dos gastos: la tarifa del profesional que lo emite y la tasa por su registro en la comunidad autónoma correspondiente. En muchas comunidades el registro es gratuito, mientras que otras cobran por ello, pero ni las tasas ni las tarifas de los profesionales están reguladas por ley.
Precisamente la ausencia de precios regulados, unido al aluvión de profesionales que se lanzaron a ofrecer sus servicios ante la falta de ingresos por culpa de la crisis, y la falta de información por parte de los propietarios desencadenó una auténtica guerra de precios a la baja entre arquitectos e ingenieros y demás profesionales habilitados para certificar los inmuebles. Una guerra que se ha traducido en una fuerte corrección a la baja de los precios.
Son muchos los profesionales del sector los que llevan un año advirtiendo de los peligros de tirar los precios de la certificación energética. Critican, por ejemplo, que desde algunas plataformas y empresas se estén ofertando precios a derribo, lo cual suele tener efectos muy perniciosos tanto para el propio profesional que emite el certificado como para el consumidor. Existen sanciones y responsabilidad civil y ambas siempre recaerán sobre el que emite el certificado, que es quien ha hecho mal su trabajo. El cliente sólo se limita a registrar el certificado.
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