El Concello de Silleda, en la provincia de Pontevedra, mantiene activos 3.022 puntos de luz y un total de 746 apagados, según datos facilitados por los responsables del departamento municipal de electricidad, después de haber superado un año y cinco meses desde la puesta en marcha de su plan de ahorro energético.
Tras recibir varias críticas por parte de algunos vecinos, el gobierno decidió aplicar en agosto de 2012 una serie de medidas para restringir el gasto energético y, de este modo, recortar una factura de la luz que se disparaba.
El Concello determinó desactivar aquellas farolas que no iluminaban directamente a viviendas habitadas, al considerarse innecesarias. Previamente se realizó un estudio para determinar qué puntos de luz eran prescindibles y cuáles se debían mantener operativos para garantizar la seguridad de los vecinos. Se tomaron, además, otras medidas dirigidas a reducir la factura eléctrica. Por ejemplo, se realizaron ajustes de potencia para adaptarla al consumo real, se hicieron cambios en los contadores y se puso en práctica una mayor racionalización del consumo en los edificios públicos municipales.
A pesar de los impuestos por la subida del precio de la energía y del término de potencia de cada suministro, el gobierno decidió, a principios de 2013, recuperar el servicio en varios puntos de luz del rural. Activó aquéllos que daban cobertura a establos y, seguidamente, a los que alumbran cruces de caminos muy transitados, viviendas de uso discontinuo pero frecuente y edificaciones que albergan animales y otras debidamente justificadas por los vecinos. En total, fueron 125 las farolas repuestas.
Este recorte, que se enmarca en el resto de medidas incluidas en el Plan de Ajuste propuesto por el Gobierno Central, se traduce en datos económicos. A falta de contabilizar las últimas mensualidades del pasado año 2013, se estima que en el anterior ejercicio se logró un ahorro de “aproximadamente unos 60.000 euros” en la factura del alumbrado del Concello con respecto al año 2012.
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