A lo largo de los primeros siete meses de aplicación del Certificado energético, el parque de viviendas, locales y edificios públicos de la provincia de Burgos va engrosando el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios. Su obligatoriedad entró en vigor el 1 de junio, y hasta el 31 de diciembre se habían contabilizado un total de 2.310 expedientes tramitados en Burgos, de un total que roza los 19.000 en el conjunto de la región.
Los datos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León revelan que una media de 90 edificios o partes de edificios han pasado por este registro cada semana. Una pequeña parte correspondiente a viviendas de nueva construcción (34), mientras que la inmensa mayoría son inmuebles ya existentes, construidos antes de 2007, a quienes afectan de lleno las novedades de la puesta en marcha de esta regulación, pues los anteriores a esa fecha ya estaban englobados por el Código Técnico de la Edificación que entraba en materia energética.
Además de los inmuebles de nueva construcción, la obligación de contar con un certificado afecta a los edificios que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario. Para todos ellos se establece una escala entre las letras A (más eficiente) y G (menos eficiente) a la que se llegará tras la correspondiente inspección y emisión de un certificado por parte de los profesionales autorizados. Y ahí la mayor parte del parque inmobiliario de Burgos está deficiente.
Todo indica que la mayoría se sitúan en la letra E, lo que equivaldría a un suspenso en consumo y emisiones.
Los resultados de Burgos no son muy distintos a los observados en el resto de España, donde distintas estimaciones hablan de un 80% de casos con baja calificación de eficiencia energética. Y cuanto más antiguo es el edificio, peores notas suele sacar.
La obligatoriedad del certificado energético para viviendas que se venden o se alquilan llega en un momento delicado para casi cualquier economía familiar y por ello está recibiendo críticas por parte de quienes consideran que es una especie de impuesto añadido, pero proviene de directivas europeas del año 2002 que contienen una visión global sobre el cambio climático y la sostenibilidad, buscando que la población se conciencie de que cada consumo individual suma y que en una economía de escala los pequeños ahorros son importantes.
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Los miles de certificados energéticos que cada año pasarán a la base de datos de la administración servirían, además, para que los gobiernos pudieran plantearse programas de mejoras medioambientales a gran escala buscando que su ciudad, su comunidad o su país acaben resultando más sostenibles a largo plazo.