Las viviendas del parque inmobiliario español han mostrado ser unos coladores que derrochan dinero y confort a partes iguales.
Según la normativa obligatoria desde junio del 2013 y con origen en una directiva europea a los hogares, al igual que se hace con los electrodomésticos, se les aplica una etiqueta energetica que van desde la mejor puntuación que es la A hasta la peor, la G y que se debe incluir obligatoriamente en los anuncios y contratos tanto en ventas como en alquiler.
Según los últimos datos del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el grueso de los hogares se clasifican como E o G, con un 45% y un 28% respectivamente, mientras que las de mejor clasificación sólo ascienden a un 4.3%.
El problema viene por que los compradores y los inquilinos ven a esta etiqueta como un gasto más que como un ahorro tanto energético como económico y no es un factor determinante para la valoración.
Lo que más está afectando a las calificaciones es el gasto eléctrico de los hogares y la falta de aislamiento térmico ya que la deficiencia en estos dos apartados prácticamente asegura una calificación G.
Es posible que el motivo sea la falta de información ya que todavía y tras más de un año son muchos los propietarios que no conocen la obligatoriedad del certificado o este se realiza en la firma del contrato no anteriormente como es obligatorio.
Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sólo el 13% de las viviendas que lo requerían en España han pasado por el proceso de certificación, aunque las multas asciendan los 6000 euros.